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Corrupción K

La Justicia interviene la empresa dueña de los hoteles de Cristina Kirchner

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Desplazarán a la actual administración, sospechada de lavado. Los acusan de poner trabas.

Caso Hotesur
 
Cristina Kirchner
En el marco de la causa por lavado de dinero, donde ya fueron indagados Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, el juez Julián Ercolini ordenó la intervención judicial de la empresa Hotesur, dueña del hotel Alto Calafate; con potestades informativas, de recaudación y administración de la firma”.

Los hoteles de la familia Kirchner están sospechados de ser utilizados para maniobras de lavado de dinero. El complejo cuatro estrellas conocido como Alto Calafate -propiedad de Hotesur-, es investigado por los alquileres que Lázaro Báez pagó a través de siete empresas y por la administración del mismo, garantizando a la ex Presidenta desde 2008 a julio de 2013, unos 27 millones de pesos.

El hotel Alto Calafate fue el primero que adquirió la ex familia presidencial, en 2008. Meses después, Báez constituyó la empresa Valle Mitre con la que gerenció el lugar hasta julio de 2013. La compra del establecimiento hotelero fue por 4.900.000 dólares.

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El fiscal Gerardo Pollicita pidió la intervención de Hotesur hace dos semanas y el juez la ordenó hoy. La Justicia sostiene que luego de adquirir no solo el Alto, sino también Las Dunas y La Aldea de El Chaltén (propiedad de Los Sauces SA), los Kirchner "entregaron su administración y explotación" a la firma del empresario K. "Por su intermedio se pudiera instrumentar de manera regular y permanente la canalización de fondos que habían logrado sustraer junto a Lázaro Báez a través de la obra pública", indicaron. El gerenciamiento quedó después, en manos de Idea SA, de Sanfelice, socio de los Kirchner y empleado de Cristóbal López.

Al momento de pedir la intervención judicial de Hotesur, Valle Mitre e Idea, Pollicita remarcó que es "la medida cautelar más adecuada" para "desplazar a los titulares que se encuentran sospechados de lavado de dinero" y así, "procurar una efectiva fiscalización de la actividad de las firmas".

Al momento, Hotesur SA contaba sólo con veeduría judicial y su administración estaba a cargo de Idea SA de Osvaldo Sanfelice. Como contó Clarín, la firma hotelera fue intimada por la Inspección General de Justicia (IGJ) por encontrarse acéfala desde el 20 de diciembre. Sin autoridades en su directorio, Máximo y Florencia Kirchner señalaron que no pueden nombrar nuevas directivos por la “persecución judicial que sufren”.

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En este contexto el fiscal Gerardo Pollicita insistió con la necesidad de que la empresa de los Kirchner sea intervenida. “Una serie de factores que evidencian un panorama incierto respecto de la marcha y funcionamiento de la empresa y una actitud dilatoria en el cumplimiento integral y oportuno de los requerimientos de los auxiliares de justicia y que, por lo tanto, ponen en riesgo el éxito y la eficacia de la medida cautelar vigente”, señaló en su escrito.

Los motivos del juez Ercolini para intervenir entre otros fue la acefalía del directorio que representa, para el representante del Ministerio público Fiscal, “un impedimento para el funcionamiento de la firma, situación que amerita que tales actividades sean suplidas para salvaguardar sus bienes y sus potenciales ingresos, ya sea para un eventual decomiso o para garantizar la ejecución de una posible sentencia penal”. Entre los argumentos, se indicó también la ausencia de libros contables y societarios de la empresa y la falta de colaboración de las autoridades de la firma con los veedores judiciales.

Al respecto se indicó que desde que se dispuso el secuestro de sus libros societarios y contables en el mes de julio del año 2015, “las autoridades de la empresa no han obtenido nuevos libros legalmente habilitados ante la Inspección General de Justicia”.

Con la intervención del hotel Alto Calafate, se busca una "correcta identificación, localización, inventario y valuación de la totalidad de sus bienes", y a su vez proceder "a la recaudación de las ganancias de la actividad y detener el provecho que Máximo y Florencia Kirchner, como Sanfelice continúan obteniendo".

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Para la justicia está "acreditada" la "organización delictiva investigada", utilizando dichas firmas y con la intervención de la familia Kirchner, Sanfelice y Báez (también escribanos y contadores allegados a la ex familia presidencial y al empresario K), con el fin de "canalizar el dinero producto del delito precedente", en relación a los 52 contratos viales que obtuvo el Grupo Austral por 46.000 millones de pesos. Para la maniobra de lavado de activos, según los fiscales, fueron necesarios los hoteles Alto Calafate (Hotesur SA), Las Dunas (de los hijos de la ex Presidenta), La Aldea (de Los Sauces SA), bajo la administración de Valle Mitre e Idea SA. Por ello se pidió la intervención judicial.