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Política.

Fiscalía Anticorrupción: La oportunidad de investigar a las empresas

El objetivo de la nueva Fiscalía Anticorrupción de Entre Ríos es investigar delitos contra la administración pública. Eso implica una amplia lista de irregularidades que van desde defraudación al Estado hasta Peculado o negociaciones incompatibles con la función pública.

La misión de la nueva Fiscal Anticorrupción tiene algunas particularidades por el momento: no cuenta con un equipo de peritos para investigar, absorbe la tarea de monitorear todas las causas de corrupción que involucran al Estado provincial y de todos los Municipios, y articula el trabajo con todos los fiscales que tienen a su cargo investigaciones de este tipo de delitos.
¿Cuántas causas de corrupción existen?
La demorada Fiscalía Anticorrupción está a cargo provisoriamente de Cecilia Goyeneche, quien se desempeñaba como Procuradora Adjunta de la Provincia, secundando al Jefe de los Fiscales, Jorge Amílcar “Coque” García. Goyeneche ocupará el cargo hasta que se realice el Concurso correspondiente.

En sus primeras expresiones públicas, la nueva Fiscal Anticorrupción explicó que en Entre Ríos “existen entre 20 y 25 causas de corrupción” que involucran a la Administración Provincial. Según Goyeneche, “En total estamos cerca de 40 causas de corrupción en Paraná, y en la provincia debemos estar duplicando este número”. 
Entre esas 80 causas de corrupción, la nueva Fiscal Anticorrupción deberá activar los mecanismos para que se aceleren las investigaciones de las principales acusaciones que enfrenta Sergio Urribarri, pero también deberá promover la investigación de los delitos que se investigan por las irregularidades de construcción de viviendas en Villaguay, en Gualeguay y, probablemente en poco tiempo, en Concepción del Uruguay. Además, deberá fomentar que se aceleren los procedimientos en la investigación por sobreprecios en la obra pública que recaen sobre el ex Intendente de Larroque y actual diputado, Raúl Riganti, o del actual intendente de Seguí, Cristian Treppo (FpV). En ambos casos, la empresa involucrada es OICSA, la constructora de Aníbal Daniel Hereñú.
Las ventajas de centralizar causas
Al concentrar todas las causas bajo una misma lupa, en poco tiempo comenzarán a aparecer ciertos patrones en la lógica de corrupción que afecta a Entre Ríos. 

En esta nueva etapa, la flamante Fiscalía concentra la mirada en aspectos que se repiten. Al tener en su escritorio todas las causas, la fiscal Anticorrupción podrá detectar, por ejemplo, que en varios Municipios chicos de Entre Ríos, la empresa denunciada por sobreprecios en la obra pública es OICSA. O que en las grandes obras en que intervino la constructora Lemiro Pietroboni, el Presupuesto inicial dista varias veces del monto final percibido. O que en las contrataciones directas por servicios de cartelería e imprenta del tandem Urribarri-Báez aparecen siempre las firmas de Juan Pablo Aguilera, “5 Tipos” o “Tep SA”. O que muchas de las contrataciones de la Cumbre del Mercosur fueron a parar a manos de la constructora Caballi del empresario Miguel Marizza. O que los contratos de concesión de nuevas salas de juego favorecieron al poderoso grupo NeoGame del empresario Jorge Aníbal Pérez, el mismo que cedió su lujoso hotel Neo Mayorazgo para que el actual Gobernador Gustavo Bordet cerrara su campaña electoral en 2015. ¿Investigará la Fiscal Anticorrupción este acto puntual, que viola claramente la distancia necesaria que debe haber entre los aportantes de campaña y los beneficiarios de contrataciones públicas?
Más cruce de datos que allanamientos
Con estos antecedentes y tantos otros que hacen de la corrupción una moneda corriente en Entre Ríos, la Fiscalía Anticorrupción tiene la oportunidad de avanzar de una vez por todas con las raíces del problema. No se trata de ciertos nombres o ciertas empresas, sino de un mecanismo enquistado en diferentes estamentos del Estado provincial que facilita el desvío de dinero público hacia destinos espurios. Ello implica, por un lado, sentar las bases de un trabajo de ordenamiento y cruce de información que parece más relevante que dictar allanamientos. Vincular nombres de empresas, de empresarios y de funcionarios de todos los niveles parece más relevante en el combate a la corrupción. Así lo concluyó la reciente Cumbre Internacional de Datos Abiertos (IODC) que sesionó en Argentina en su capítulo sobre Anticorrupción, donde el acceso a los datos se vuelve crucial en la tarea que le toca afrontar a Cecilia Goyeneche por estos días. Varios países de la región van hacia un modelo de estandarización de los requisitos exigibles a las compañías y empresas que contratan con el Estado para tener un registro mucho más ágil que permita no sólo detectar actos de corrupción sino también prevenirlos.
De los funcionarios a las empresas
El momento que se vive bajo el impulso de los “Cuadernos de la corrupción” marca un escenario inédito en el que apareció quien estaba del otro lado del mostrador: la pata empresaria. En Entre Ríos, este costado tiene muy poco avance y es una gran oportunidad para este nuevo organismo que las investigaciones de corrupción avancen tanto sobre los funcionarios como sobre los empresarios. Allí están a la espera los empresarios Senor, del fraude que significó “Grandes Máquinas S.A.”, o la pseudo empresa de Bustamante, uno de los procesados por la contratación irregular de Publicidad Oficial; o Entretenimientos de la Costa, el sello con el que Marizza-Pérez explotan el juego en Concepción del Uruguay. O las contratistas de cada pequeña ciudad de Entre Ríos donde algunos intendentes contratan a sus ex-socios de forma directa o acuerdan la creación de empresas ficticias para contratarse a sí mismos una vez que toman el control del Estado y sus recursos. Parece ser una gran oportunidad para que la justicia demuestre que está dispuesta realmente a combatir la corrupción y cortar los circuitos por donde se desangra el Estado a costa de funcionarios y empresarios ricos y pueblos pobres.